El proyecto de sociedades de convivencia es sin duda alguna uno de los más
polémicos que ha saltado a la luz pública en los últimos años en Costa Rica.
Esta iniciativa pretende que las parejas del mismo sexo accedan a ciertos
derechos que hoy en día, son exclusivos a las uniones entre un hombre y una
mujer. Resulta curioso que pese a no ser un proyecto que prive de libertades a
las personas (por el contrario, otorga derechos a quienes hoy no gozan de los
mismos) ha encontrado fuerte oposición de
diversos sectores costarricenses.
Uno de los más frecuentes argumentos al que los grupos conservadores apelan
para posicionarse en contra de este proyecto es el religioso, afirmando que la
convivencia de personas no-heterosexuales es un pecado. Si bien admito, no ser una persona religiosa ni creer en alguna iglesia, este mismo argumento me parece
sumamente peligroso, no sólo para quienes renunciamos a ser devotos cristianos,
sino también para un amplio grupo de cristianos que no pertenecen a la religión
oficial del estado: el catolicismo.
Nos guste o no, el artículo 75 de la Constitución Política de Costa Rica
nos convierte en un Estado ‘‘oficialmente católico’’. Pese a esto, el propio
artículo 75 garantiza el libre
ejercicio de otros cultos siempre que no
se opongan a la ‘‘moral universal’’ ni a las ‘‘buenas costumbres. ’’
Admito, no ser jurista ni especialista particularmente en el área del derecho, sin embargo la redacción de
este ordinal me parece sumamente interesante, e incluso peligroso- ¿Cómo definimos
que es la ‘‘moral universal’’? ¿Qué significa que el estado sea oficialmente
católico? ¿Qué es una buena costumbre o una mala costumbre?
El problema de fondo con esto es que de oponernos a un proyecto de ley
porque esté en contra de la religión cristiana (mayoritaria en Costa Rica)
estaríamos utilizando -a mi parecer- argumentos donde afirmaríamos que existe
una equiparación entre la moral de una religión y la moral universal, ya que la
Constitución establece que se garantiza un libre ejercicio de cultos, siempre
que estos no atenten contra la ‘‘moral universal’’, no contra la ‘‘moral cristiana’’.
Esto, y el hecho de que la religión oficial del estado sea el catolicismo,
daría pie para interpretar que la ‘‘moral universal’’ es la ‘‘moral católica’’.
En otras palabras, al oponernos a un proyecto de ley por razones
religiosas, estaríamos estableciendo que la religión ha de ser la que tome
decisiones en el país. Y al ser la religión oficial única, esta sería la que
habría de primar sobre las demás –enmarcándonos siempre en la Constitución Política
de Costa Rica-. Así, la adoración a María, los sacramentos de la confirmación y
la primera comunión, y demás prácticas arraigadas al amoral católica que no
comparten otros sectores cristianos, habrían de formar parte de la moral que
prime en las directrices estatales.
Darle rienda a que un argumento religioso se imponga en la toma de
decisiones de este país, sentaría un precedente para que en un futuro se mida
bajo la misma vara otras actitudes contrarias a la moral católica. Y si bien es
cierto, esto no es algo absoluto (la jurisprudencia no es vinculante en Costa
Rica) si resulta ser peligroso).
Establecer que las sociedades de convivencia no proceden por ser pecado
ante mi religión, no se diferenciaría en nada –a mi parecer- a prohibir el
consumo de alcohol o de carne de cerdo por ser un acto condenado ante los ojos
de diversas religiones.
Así, mi posición
particular es que la labor del estado (indiferentemente de nuestro credo)debería limitarse a garantizar laconvivencia pacífica entre ciudadanos y no imponer ni los preceptos de una
religión sobre los de otra, ni el culto oficial sobre los derechos y las
libertades individuales. No es labor del estado decirle a las personas la forma en que deben de
seguir sus vidas o establecer una sola moral para determinar sus leyes. Si lo es sin embargo, permitir el ejercicio pleno de los derechos de las personas y garantizar las libertades individuales de cada uno de los ciudadanos.
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