Sunday, April 21, 2013

Un paso importante contra la criminalización del la protesta social


El pasado 12 de abril el Primer Circuito Judicial de San José absolvió a tres de las personas acusadas por ‘‘alteración del orden público’’ debido a las protestas en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social del 8 de noviembre del 2012. La trascendencia de esta sentencia no puede pasarse por alto, pues representa un logro importante para la libertad de expresión y el derecho a la protesta de este país.

En un momento donde los esfuerzos de los medios de comunicación dominantes junto el aparato estatal coartan para criminalizar y deslegitimar la protesta social y los esfuerzos ciudadanos, nuestro sistema judicial responde dándole un respiro a nuestro derecho a manifestarnos como ciudadanos.

Son este tipo de sentencias las que nos hacen pensar que aún hay esperanzas, y que todavía se puede luchar por las causas que defendemos.

Quienes se manifestaron frente a la Caja Costarricense del Seguro Social son jóvenes comprometidos, estudiantes universitarios y ciudadanos valientes que se han atrevido a salir a las calles cuando su país más lo requiere. No son alteradores del orden público ni mucho menos criminales.

Por otra parte, la fuerza pública costarricense intentó justificar hasta el final sus acciones por más inadmisibles que estas fueran, criminalizando a las víctimas de su propia represión.

Al final, quien verdaderamente ha perdido legitimidad en este proceso ha sido la propia policía que no conforme con atacar indiscriminadamente a la ciudadanía cuando se manifestaba pacíficamente buscó acusar sin argumentos a sus propias víctimas.

Es una pena que el estado haya tenido que gastar recursos en defender un caso indefendible para cuidar la imagen de su cuerpo de represión, sin embargo, al final los organismos judiciales respondieron con coherencia y no cayeron en la trampa mal elaborada del ministerio público. Ni los medios de comunicación dominantes, ni el aparato estatal pudieron legitimar la injusticia y el poder judicial dio un mensaje claro: ‘‘Quienes se preocupan por su país, nunca deben ser tratados como criminales’’.

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