Los 30 minutos de la discordia

En vista de que 30 minutos es demasiado tiempo para dedicárselo al bienestar de una democracia, le prometo que tardará menos leyendo este pequeño artículo sobre las concesiones del espectro radioeléctrico y la nueva ley  que propone el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La situación es sencilla, el TSE está sugiriendo aprobar una nueva legislación que le concede 30 minutos gratis de propaganda en radio y televisión (regulada por el tribunal) a los partidos políticos en campaña electoral. Ante tal arrebato de su precioso tiempo televisivo, los empresarios de los medios de comunicación no han tardado en atacar  la iniciativa, pues resulta (para ellos) ‘‘abusiva’’.

Aclaremos algo, el espectro radioeléctrico es un bien público que se da en concesión para su mejor aprovechamiento en beneficio del pueblo. La idea es que el estado no puede, ni aprovecharlo, ni asegurar la libertad de expresión al monopolizarlo, por lo que se lo da a un ente privado. Este lo administra y obtiene ganancias por ello. Es un juego de ganar-ganar, todo en aras de proteger el derecho de las personas de recibir y dar información.

El derecho a la información (al igual que el derecho a la salud o a la educación) es vital para una democracia y merece un tratamiento especial que no ha gozado en Costa Rica.

Es precisamente por estos dos argumentos en conjunto (el tratamiento especial del derecho a la información y la naturaleza pública del espectro radioeléctrico) que se justifica el ceder 30 minutos  de propaganda política regulada por el TSE a los partidos políticos que participan en la mayor celebración democrática de nuestro país.

Si bien una concesión, para funcionar, debe ofrecer ganancias a la empresa privada que lo administra, los medios difícilmente ven amenazado su negocio cuando deben pagar impuestos de menos de ciento cincuenta mil colones por el uso anual del espectro, recibiendo al mismo tiempo millonadas en venta de publicidad cada día.

El limitar el uso de medios de comunicación masiva a quien pueda pagarlo sólo se justificaría si el derecho a la empresa privada se sobrepone al derecho a recibir información, lo cual, de establecerse, dejaría mucho que desear de nuestra democracia. Lejos de preguntarnos si se debe otorgar el espacio, deberíamos preocuparnos por la regulación que el Tribunal dé a este.

Más allá de una discusión sobre uso del espectro, estamos hablando de un modelo de comunicación masiva que responda a los intereses del pueblo, pero resulta que limitar a los medios a recibir ingresos millonarios tan sólo durante 23 horas y media al día es un abuso. En fin, para no ser un ‘‘abusador’’ espero haber cumplido mi promesa y que sea posible leer esto en menos de 30 minutos.