Un paso importante contra la criminalización del la protesta social

El pasado 12 de abril el Primer Circuito Judicial de San José absolvió a tres de las personas acusadas por ‘‘alteración del orden público’’ debido a las protestas en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social del 8 de noviembre del 2012. La trascendencia de esta sentencia no puede pasarse por alto, pues representa un logro importante para la libertad de expresión y el derecho a la protesta de este país.

En un momento donde los esfuerzos de los medios de comunicación dominantes junto el aparato estatal coartan para criminalizar y deslegitimar la protesta social y los esfuerzos ciudadanos, nuestro sistema judicial responde dándole un respiro a nuestro derecho a manifestarnos como ciudadanos.

Son este tipo de sentencias las que nos hacen pensar que aún hay esperanzas, y que todavía se puede luchar por las causas que defendemos.

Quienes se manifestaron frente a la Caja Costarricense del Seguro Social son jóvenes comprometidos, estudiantes universitarios y ciudadanos valientes que se han atrevido a salir a las calles cuando su país más lo requiere. No son alteradores del orden público ni mucho menos criminales.

Por otra parte, la fuerza pública costarricense intentó justificar hasta el final sus acciones por más inadmisibles que estas fueran, criminalizando a las víctimas de su propia represión.

Al final, quien verdaderamente ha perdido legitimidad en este proceso ha sido la propia policía que no conforme con atacar indiscriminadamente a la ciudadanía cuando se manifestaba pacíficamente buscó acusar sin argumentos a sus propias víctimas.

Es una pena que el estado haya tenido que gastar recursos en defender un caso indefendible para cuidar la imagen de su cuerpo de represión, sin embargo, al final los organismos judiciales respondieron con coherencia y no cayeron en la trampa mal elaborada del ministerio público. Ni los medios de comunicación dominantes, ni el aparato estatal pudieron legitimar la injusticia y el poder judicial dio un mensaje claro: ‘‘Quienes se preocupan por su país, nunca deben ser tratados como criminales’’.

Agarremos palomitas, viene el 1 de mayo

Viene la emoción, la parafernalia, los medios preparan sus cámaras y vamos todos a ver a las celebridades y a sus vestidos. Viene el primero de mayo, un evento cada vez más emocionante.

Debemos aplaudir y agradecer a nuestra querida Presidenta, Laura Chinchilla, y a todos los diputados de la Asamblea Legislativa, por traer a Costa Rica un show de primer nivel, una exquisitez de entretenimiento nunca antes visto, pues es innegable que la calidad del espectáculo que representa la elección de directorio legislativo ha mejorado desde que este gobierno tomó las riendas del país.

Nunca antes se había sentido tanta emoción. Desde la cobertura de los trajes y el vestuario de lujo que traen los legisladores, con el siempre atrevido Villalta y  la siempre glamurosa Bejarano,  hasta los redoblantes del final por saber quién ocupará el directorio legislativo, todo se confabula para llevar las pasiones y los sentimientos a sus límites.

Recordemos nada más, por un momento, como eran estos eventos antes. Los diputados llegaban, de manera ordenada presentaban sus propuestas, votaban y teníamos directorio legislativo. En la mayoría de los casos los candidatos hasta parecían tener líneas congruentes a seguir y no buscaban tomar las sillas sólo para tener el poder (o en su defecto, para evitar que otro lo tenga). ¿Puede haber acaso algo más aburrido?

En cambio ahora hay gritos y acusaciones, los diputados se resienten y quieren llegar al directorio para poder sentarse en las sillas bonitas de la Asamblea. Hay pasión, drama y entretenimiento. La incertidumbre de que todo cambie o que suceda algo inesperado está latente todo el tiempo y la historia tiene los giros más descabellados que se nos puedan ocurrir. Ni siquiera los mejores guionistas de Hollywood podrían escribir una historia más emocionante.

Por eso preparémonos para este primero de mayo, una fecha especial, en que tomamos el control del televisor y sintonizamos el plenario legislativo todo el día. Disfrutamos de un show único en el mundo y sin comparación. Es un día para dejarse llevar por la emoción, aplaudir, llorar, reírse y gozar… Al fin y al cabo no es como que se decida nada importante, sólo la dirección del Primer Poder de la República.

David Ching

2013

Los 30 minutos de la discordia

En vista de que 30 minutos es demasiado tiempo para dedicárselo al bienestar de una democracia, le prometo que tardará menos leyendo este pequeño artículo sobre las concesiones del espectro radioeléctrico y la nueva ley  que propone el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La situación es sencilla, el TSE está sugiriendo aprobar una nueva legislación que le concede 30 minutos gratis de propaganda en radio y televisión (regulada por el tribunal) a los partidos políticos en campaña electoral. Ante tal arrebato de su precioso tiempo televisivo, los empresarios de los medios de comunicación no han tardado en atacar  la iniciativa, pues resulta (para ellos) ‘‘abusiva’’.

Aclaremos algo, el espectro radioeléctrico es un bien público que se da en concesión para su mejor aprovechamiento en beneficio del pueblo. La idea es que el estado no puede, ni aprovecharlo, ni asegurar la libertad de expresión al monopolizarlo, por lo que se lo da a un ente privado. Este lo administra y obtiene ganancias por ello. Es un juego de ganar-ganar, todo en aras de proteger el derecho de las personas de recibir y dar información.

El derecho a la información (al igual que el derecho a la salud o a la educación) es vital para una democracia y merece un tratamiento especial que no ha gozado en Costa Rica.

Es precisamente por estos dos argumentos en conjunto (el tratamiento especial del derecho a la información y la naturaleza pública del espectro radioeléctrico) que se justifica el ceder 30 minutos  de propaganda política regulada por el TSE a los partidos políticos que participan en la mayor celebración democrática de nuestro país.

Si bien una concesión, para funcionar, debe ofrecer ganancias a la empresa privada que lo administra, los medios difícilmente ven amenazado su negocio cuando deben pagar impuestos de menos de ciento cincuenta mil colones por el uso anual del espectro, recibiendo al mismo tiempo millonadas en venta de publicidad cada día.

El limitar el uso de medios de comunicación masiva a quien pueda pagarlo sólo se justificaría si el derecho a la empresa privada se sobrepone al derecho a recibir información, lo cual, de establecerse, dejaría mucho que desear de nuestra democracia. Lejos de preguntarnos si se debe otorgar el espacio, deberíamos preocuparnos por la regulación que el Tribunal dé a este.

Más allá de una discusión sobre uso del espectro, estamos hablando de un modelo de comunicación masiva que responda a los intereses del pueblo, pero resulta que limitar a los medios a recibir ingresos millonarios tan sólo durante 23 horas y media al día es un abuso. En fin, para no ser un ‘‘abusador’’ espero haber cumplido mi promesa y que sea posible leer esto en menos de 30 minutos.